Esta semana, el bloque de concejales de Juntos presentó un proyecto para que la Municipalidad “regule la instalación de toldos rebatibles, acompañados o no de cerramiento vertical, por parte de comercios dedicados a la actividad comercial en los rubros bares, confiterías, heladerías, parrillas y otras actividades afines”.

Anteriormente, el mismo oficialismo había presentado otro proyecto obligando a los locales gastronómicos a construir baños para personas con discapacidad. Las dos propuestas Juntos pasaron a comisión y aún no fueron aprobadas.

Más allá de la utilidad o no y posibilidades de concreción de estos proyectos, es curioso que siempre se les exija sólo a bares y restaurantes. Por caso, ninguno de los establecimientos oficiales públicos cuenta con baños para discapacitados. Incluso, varios de ellos (Centro Cívico, Planta Alta de la Municipalidad, Bibioteca Pública) ni siquiera tienen accesos para personas con discapacidades motrices. Entonces, ¿el Estado obliga a los particulares a cumplir lo que el mismo Estado no cumple?

Lo mismo sucede con la ocupación de veredas, tema que sólo “preocupa” de los lugares gastronómicos. Nada se les pide, en cambio, a obras en construcción que realmente sí usurpan las veredas (y más), impiendo el paso de peatones. Raro.

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